El sistema penal chileno carece de los mecanismos necesarios para lograr una efectiva disminución de la comisión de ilícitos, la reincidencia de los delincuentes y la reinserción social de los sujetos que han cumplido sus penas. No se trata de los planes impuestos por los diversos gobiernos que han regido desde el año 1990 con el retorno de la democracia, que evidentemente han sido infructuosos frente a la problemática que significa la delincuencia, sino que es una defieciencia de las normas que regulan al sistema penal nacional.
Para la aplicación de la pena a un hechor, el juez toma en cuenta varios aspectos, no necesariamente en este orden: 1) el delito cometido; 2) la escala general tipificada en el art.21 del Código Penal; 3) la sanción prescrita en el tipo penal correspondiente a ese ilícito; 4) el juego entre atenuantes y agravantes, y; 5) la graduación de la pena en virtud de las teorías retributiva, de prevención general y prevención especial.
Tengamos en cuenta que la teoría retributiva nos deja como legado la proporcionalidad. Al momento de la determinación de la pena, hay que distingir, de acuerdo a la teoría de prevención aplicada al hechor, ya que ambas buscan como objetivo principal que no se vuelvan a cometer delitos.
A) Si el juez aplica la pena observando la Teoría de la Prevención General, transgrede el Principio Constitucional de la Igualdad en Dignidad y Derechos y aún más, transgrede lo señalado expresamente en su texto. El primero porque al aplicar una pena ejemplarizadora como mensaje disuasivo a la sociedad, el hechor está obligado a soportar una carga mayor o mas severa que la que corresponde aplicando los parámetros antes enumerados, transformándose dicho individuo en un medio para lograr los objetivos deseados por el Estado y no en un fin como debería ser, violándose por esto el texto constitucional, en virtud de lo prescrito en el art.1º, inciso 4º que versa: «El Estado está al servicio de la persona humana….» y no al contrario.
B) Si al sujeto que delinque se le aplica la pena observando la Teoría de la Prevención Especial, se trata de resocializar al hechor y reinsertarlo en la sociedad. Este objetivo es digno de una sociedad avanzada, pero el gran problema es que nuestro país carece absolutamente de los recursos necesarios para llevar a cabo tan titánica tarea, ya que la cantidad de reos es muy numerosa. Se supone que el programa incluye dotar a la poblacón penal de las herramientas necesarias para evitar su reincidencia delictual, enseñándoles oficios y llevando un estricto control de sus avances en cuanto a lo aprendido y a su estado psicológico, pero estos programas no alcanzan para todos y además son practicamente inaplicables en el momento de su liberación, porque lamentablemente en este país, se exigen para los contratos de trabajo los documentos que acrediten sus antecedentes y casi nunca son considerados aquellos ex-reos que sí los tienen, cerrándoles el acceso al trabajo, por tanto, esas personas son obligadas por la situación social a seguir en el camino del delito. Otro problema de esto, es saber cuando el delincuente está listo para ingresar nuevamente a la sociedad, ya que eso sólo pertenece al fuero interno de cada sujeto y es un riesgo darle éstos beneficios a personas que sólo desean gozarlos para sus pretenciones delictuales.
En conclusión. ¿Este sistema penal es realmente funcional? o ¿se puede mejorar? y ¿cómo?. Algunos plantean la posibilidad de invertir esos mismos recursos trabajando desde la familia del delincuente para cortar el círcilo de aprendizaje del delito; Otros hablan de trabajar desde el aprendizaje básico escolar e insertar en la malla de estudios de todos los colegios del país, un ramo obligatorio a cargo de un profesional que pueda cambiar la mentalidad de los alumnos a su cargo. Aparte de estas, hay variadas opiniones en cuanto a aliviar a la población de la delincuancia, como el actual Gobierno, pronto a establecer un sistema de informantes para descubrir y atacar con mas rapidez a las redes criminales. Algunos están de acuerdo con esta medida y otros no, y salta la pregunta: ¿Es mejor establecer dicho sistema sabiendo que es un sistema oscuro, poco transparente, pero que logra resultados?, ¿O será mejor no hacer nada y esperar que el sistema penal chileno actúe como hasta ahora, de una manera muy poco eficaz frente al delito?
El debate está abierto.
DERECHO UB 